pueblo indígenas

CIDH. 2015. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. OEA.

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) aborda en el presente informe las obligaciones estatales frente a la realización de actividades de extracción, explotación y desarrollo. 2. Mediante la implementación de sus mecanismos de monitoreo, la CIDH ha recibido de forma consistente información que ilustra los efectos humanos, sociales, de salud, culturales y ambientales de estos proyectos en los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Muchas de las actividades extractivas y de desarrollo en el hemisferio son implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, los cuales coinciden de forma frecuente con aéreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. Asimismo, la CIDH ha recibido información indicando que estos proyectos y actividades aún no son supervisados de forma frecuente por los Estados receptores y los Estados de origen, la escasez de mecanismos para prevenir violaciones de derechos humanos, y barreras significativas enfrentadas por las víctimas, los pueblos y las comunidades para tener un debido acceso a la justicia cuando ocurren violaciones de sus derechos humanos. Estos desafíos, así como la implementación frecuente de estos proyectos en las Américas, impulsaron la preparación de este informe. 3. La Comisión Interamericana reitera que reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad de los pueblos del hemisferio, el cual puede implicar hacer uso de la libertad que tiene todo Estado de explotar sus recursos naturales, a través del otorgamiento de concesiones e inversiones privadas o públicas, nacionales o internacionales. Pero al mismo tiempo, la Comisión advierte que estas actividades deben llevarse a cabo junto con medidas adecuadas y efectivas que permitan asegurar que no se realicen a expensas de los derechos humanos de las personas, comunidades o pueblos donde se realizan.