medio ambiente

Miguel Ángel Julio y Andrés Hernández Quiñonez (Eds.). Territorios ambientales de Bogotá. Historias de Acción Colectiva. Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad de los Andes CIDER, 2014..

Este libro busca responder a la pregunta de cuales han sido los factores que explican el surgimiento y expansión de las organizaciones y redes sociales en los territorios ambientales de la ciudad y cuál es su tipo de incidencia. Se trata de una aproximación inicial a la temática. Para el desarrollo de la investigación se procedió en tres pasos: el primero, la elaboración de un marco conceptual que se presenta en este capítulo; en segundo lugar se definió la metodología y por último se desarrollaron ocho estudios de caso.

Torres, Valeria. Acceso a la Información, Participación y justicia en temas ambientales en América Latina. Santiago de Chile, CEPAL, 2013

Este documento realiza una revisión de las leyes y marcos institucionales que resguardan el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, referido al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, en los 33 países de América Latina y el Caribe. La información recopilada se complementó con un cuestionario sobre la implementación nacional del Principio 10 aplicado durante el primer trimestre de 2013 y que fue respondido por 16 países de la región y 10 organizaciones de la sociedad civil. Como se aprecia en el presente documento, a pesar de los significativos avances registrados en los últimos 20 años, en muchos países de la región la legislación para facilitar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río aún no está desarrollada o encuentra dificultades de implementación. La aplicación cabal del principio 10 en América Latina y el Caribe es hoy más relevante que nunca, ya que este principio proporciona una visión clara y pionera de la transparencia, la justicia y el acceso a la información como base para la profundización de la democracia y la eliminación de las asimetrías globales. Es un hecho ampliamente aceptado que la profundización de la democracia como orden colectivo reclama una mayor igualdad de oportunidades y derechos. Esto significa ampliar los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales a aquellos sectores de la sociedad que han sido tradicionalmente marginados de la toma de decisiones. Para ello se requiere fortalecer las capacidades de los grupos de personas tradicionalmente sub representadas en los procesos participativos, como mujeres y poblaciones y comunidades indígenas, y reconocer la diversidad de idiomas y culturas en la región. En este contexto, si bien los requerimientos legales son importantes, resultan insuficientes para asegurar la implementación cabal de los derechos de acceso. Se requiere también ampliar la demanda de acceso a la información y participación en temas ambientales y la difusión de los derechos de acceso a la justicia de los ciudadanos. Una de las herramientas más utilizadas para fortalecer la capacidad de la ciudadanía de participar en la toma de decisiones en materia ambiental es la educación ambiental. Esta ha ido entrando paulatinamente en las legislaciones para dotar a la población de una conciencia ambiental adecuada.