acceso a la información

Article19. Principios relativos a la Libertad de Expresión y a los Derechos al Agua y al Saneamiento. Reino Unido, 2014. Serie Estándares Internacionales.

El agua es esencial para el bienestar del ser humano. Es imprescindible para el desarrollo sostenible, y constituye uno de los requisitos básicos para el funcionamiento de todos los ecosistemas del mundo. Su importancia es vital no sólo para la protección de los derechos humanos –como los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad, a un medio ambiente saludable, a la alimentación y al trabajo–, sino también para garantizar la justicia social y proteger la identidad cultural y la diversidad, la igualdad y la paz. Aunque en virtud del derecho internacional que los consagra, los derechos al agua y al saneamiento son legalmente vinculantes, aún queda bastante trabajo por hacer para asegurar su realización en la práctica a escala internacional, regional y nacional. Asimismo, es preciso aunar esfuerzos para que exista un equilibrio adecuado entre el agua dedicada a uso personal y doméstico y la dedicada a la agricultura, a la generación de energía y a la industria. De igual forma, a la hora de disponer de recursos hídricos, deben tenerse en cuenta la sostenibilidad y la protección del entorno, a fin de que las generaciones presentes y futuras puedan beneficiarse de ellos. El derecho a la libertad de expresión –que comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras– es un derecho humano fundamental, necesario para la satisfacción, la realización y la autonomía personales, y para el funcionamiento de un gobierno democrático. Además, el derecho a la libertad de expresión es al mismo tiempo un derecho que empodera, puesto que permite reivindicar otros derechos humanos, exigir acceso a servicios esenciales y participar en la toma de decisiones que repercuten sobre nuestra propia vida. En resumen, se trata de una herramienta imprescindible para el éxito de cualquier iniciativa destinada a realizar los derechos al agua y al saneamiento. Los presentes principios reconocen la existencia de una relación positiva entre el derecho a la libertad de expresión e información (libertad de expresión) y los derechos al agua y al saneamiento.

Torres, Valeria. Acceso a la Información, Participación y justicia en temas ambientales en América Latina. Santiago de Chile, CEPAL, 2013

Este documento realiza una revisión de las leyes y marcos institucionales que resguardan el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, referido al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, en los 33 países de América Latina y el Caribe. La información recopilada se complementó con un cuestionario sobre la implementación nacional del Principio 10 aplicado durante el primer trimestre de 2013 y que fue respondido por 16 países de la región y 10 organizaciones de la sociedad civil. Como se aprecia en el presente documento, a pesar de los significativos avances registrados en los últimos 20 años, en muchos países de la región la legislación para facilitar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río aún no está desarrollada o encuentra dificultades de implementación. La aplicación cabal del principio 10 en América Latina y el Caribe es hoy más relevante que nunca, ya que este principio proporciona una visión clara y pionera de la transparencia, la justicia y el acceso a la información como base para la profundización de la democracia y la eliminación de las asimetrías globales. Es un hecho ampliamente aceptado que la profundización de la democracia como orden colectivo reclama una mayor igualdad de oportunidades y derechos. Esto significa ampliar los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales a aquellos sectores de la sociedad que han sido tradicionalmente marginados de la toma de decisiones. Para ello se requiere fortalecer las capacidades de los grupos de personas tradicionalmente sub representadas en los procesos participativos, como mujeres y poblaciones y comunidades indígenas, y reconocer la diversidad de idiomas y culturas en la región. En este contexto, si bien los requerimientos legales son importantes, resultan insuficientes para asegurar la implementación cabal de los derechos de acceso. Se requiere también ampliar la demanda de acceso a la información y participación en temas ambientales y la difusión de los derechos de acceso a la justicia de los ciudadanos. Una de las herramientas más utilizadas para fortalecer la capacidad de la ciudadanía de participar en la toma de decisiones en materia ambiental es la educación ambiental. Esta ha ido entrando paulatinamente en las legislaciones para dotar a la población de una conciencia ambiental adecuada.