Acceso a la información pública y participación ciudadana (Chile)

El presente documento se inserta en el marco del programa “Profundizando las capacidades de demanda de información de la sociedad civil” de la Fundación Pro Acceso que tiene dentro de sus objetivos la discusión pública de acceso a la información, a través de mesas de trabajo, de investigaciones, de diagnóstico orientadas a identificar brechas institucionales que impiden un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información. En este paper se aborda específicamente “la relación entre el derecho al acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la participación ciudadana”

El Acceso a la Información Pública como una herramienta para el monitoreo social de las migraciones en Uruguay

En mayo de 2011, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur (OPPDHM) establecieron una alianza estratégica para aunar sus saberes y esfuerzos con el propósito de trabajar en el Acceso a la Información Pública (AIP) sobre las migraciones en Uruguay. La iniciativa se encuadró en el programa “Acceso a la información Pública y Protección de otros Derechos” que lleva adelante el Centro con el apoyo de Open Society Foundation. Esta línea de trabajo se focaliza en el acceso a la información sobre derechos humanos y en el AIP como un mecanismo para la participación ciudadana y la protección de otros derechos específicos.

Transparencia que no se ve

 

Número 69
   
 
 

Transparencia que no se ve

 

 

     

 

Peter Winkel

 Programa Democracia Participativa  

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC

 

 

La reforma constitucional para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) y otorgarle más facultades está atorada en la Cámara de Diputados.     

 

Lamentablemente no se abordará en el periodo extraordinario de sesiones, porque no hay consenso sobre los cambios que propone sobre todo el Partido de la Revolución Institucional (PRI) a la Minuta enviada en diciembre del año pasado. Los ciudadanos esperábamos que la Cámara de Diputados aprobara la Minuta antes del 30 de abril, tal como se había acordado en el Pacto por México. ¿Qué no es un tema prioritario para el Presidente de la República?

 

Recordemos. La Minuta fue aprobada por unanimidad en el Senado después de un largo proceso de mucho debate y amplia participación ciudadana. Después de recibir la Minuta, la Cámara de Diputados tardó casi cuatro meses para convocar a una reunión, ocurrida el pasado 11 de abril. En esa reunión las comisiones unidas (Comisiones de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anti-corrupción y de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias) se declararon en sesión permanente. El 29 de abril, un día antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, se reunieron de nuevo y se presentó un nuevo dictamen, donde el grupo parlamentario PRI literalmente "quiere meter reversa" a algunos principios fundamentales. En síntesis:

   

1.- Proteger a los partidos políticos y sindicatos sin ser considerados como sujetos obligados directos. 

  

El argumento es que los partidos políticos ya son fiscalizados suficientemente por el Instituto Federal Electoral (IFE). Pero todos sabemos que solicitar información a los partidos políticos a través del IFE es un proceso complicado y tardado, restando eficacia. ¿Por qué el PRI no quiere aceptar la obligación de transparentar su quehacer? A fin de cuentas en 17 entidades federativas los partidos políticos ya son sujetos obligados directos. Como los grupos parlamentarios no tienen personalidad jurídica, sino que forman parte de los partidos políticos, es de suponer que también los grupos parlamentarios también estarían obligados a hacerlo.  

 

Específicamente, en el dictamen del Senado propone incluirlos como sujetos obligados directos. Mejor aún sería que tanto el Senado como la Cámara de Diputados incluyan en sus respectivos Reglamentos, la obligación de los grupos parlamentarios de transparentar todos los recursos recibidos y justificar en qué gastan los millones de pesos que reciben cada año.

   

 

 

2. Debilitar al IFAI quitando la inatacabilidad de sus resoluciones.    

 

Hace algunos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que las resoluciones del IFAI son definitivas bajo la legislación actual. Sería incomprensible y totalmente contradictorio otorgar la autonomía constitucional a un órgano garante, y al mismo tiempo, restar peso a esta garantía al permitir que los servidores públicos puedan apelar las decisiones del IFAI en los tribunales. Sería una burla.

   

3. Eliminar la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de leyes (federales o estatales).

 

Lo anterior vulnera nuestro derecho fundamental. Si no existe esta posibilidad, entonces no habrá quien garantice el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos en nuestro país.  

 

4. Mayor injerencia en el nombramiento de los Comisionados del IFAI.  

 

Específicamente, el PRI propone que los Comisionados sean nombrados por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Diputados, y que los actuales Comisionados sean removidos. Esto sería peligroso y daría paso a escenarios vergonzosos de "pelea partidista por el botín" como ocurrió en el IFE. Además, esta propuesta resta confianza y credibilidad a una institución "ciudadana" que debería garantizar la imparcialidad en los procesos y proteger el acceso a la información pública. En el dictamen del Senado, su propuesta considera que los Comisionados sean nombrados por el Senado y ratificados por el Presidente de la República.  

 

   

Imagen: Alejandro Santos

 

  

En comparación, y a excepción del Partido de Acción Nacional (PAN), que defiende el dictamen del Senado y rechaza rotundamente las modificaciones propuestas por el PRI, no queda muy claro cuál es la posición de los otros partidos políticos, sobre todo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque su coordinador, Miguel Barbosa Huerta afirmó el pasado 14 de julio que "fortalecer al IFAI significa establecer un piso mínimo de transparencia que mejoraría a las instituciones  públicas y favorecería la rendición de cuentas".  

 

Barbosa está tratando de salvar la situación y exhortó a los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados a buscar un acuerdo en agosto durante el segundo periodo extraordinario. Si eso no fructifica, se tendrá que discutir en el mes de septiembre, cuando inicia el segundo periodo ordinario de sesiones.

 

Si se compara el proceso legislativo que se desarrolló en el Senado con el de la Cámara de Diputados, este último se puede definir como opaco, poco transparente y con poca, o más bien nula, participación ciudadana. Las opiniones de algunos diputados se ventilan en los medios de comunicación pero, a diferencia de las Comisiones en el Senado, no existe un referente de información oficial donde sea posible comparar las posturas de los partidos políticos, y enterarse, como es derecho ciudadano, sobre el desarrollo de las discusiones y los acuerdos. Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción carecen de un portal web. Es en el micrositio de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias donde se pueden descargar las reservas y observaciones.   

  

En conclusión, debemos evitar una brutal regresión y debilitamiento al IFAI. Debemos conseguir su fortalecimiento y sumarnos a las acciones ciudadanas como es el caso de la Red por la Rendición de Cuentas y el Colectivo por la Transparencia.  

 

Toda persona, física o moral, que recibe recursos públicos debe rendir cuentas, incluyendo a los partidos políticos, los grupos parlamentarios, sindicatos, fideicomisos y un largo etcétera. El escenario político actual es de total opacidad. Los ciudadanos tenemos el derecho a saber detalladamente qué hacen con nuestros recursos.

 

Voces Ciudadanas nace en 2011 como un servicio informativo y de análisis sobre la agenda pública que busca: 

 

1.   Colocar la voz ciudadana en el espacio público.

2.   Estimular la participación y el acuerdo.

3.   Fortalecer el tejido social y civil.

4.   Proponer soluciones a los asuntos públicos desde una visión ciudadana.

 

 

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Conocimientos y herramientas básicas sobre migración (México)

El objetivo general de esta caja de herramientas es generar conocimientos básicos sobre el tema migratorio y en particular, sobre la problemática poblana. La finalidad es brindar herramientas
para la construcción de mejores prácticas en la rendición de cuentas, en los modelos participativos y la generación de capacidades para encontrar respuestas conjuntas.
La guía se presenta en ocho módulos, donde se abordan los siguientes temas: introducción a la migración internacional y a la migración poblana; contraloría, rendición de cuentas y transparencia; derechos humanos y protección consular; salud; derechos laborales; remesas y desarrollo, el caso del Programa 3X1; educación y juventud, y; género y migración.

Reformas de transparencia: hacer endógena la transparencia organizacional. El caso de México. (Arellano y Lepore)

La estructura de este artículo es la siguiente: En la primera sección se presenta el acercamiento teórico a la transparencia que propone el Nuevo Institucionalismo Económico a través de sus argumentos organizacionales. En la segunda sección analizamos el caso de México, haciendo particular énfasis en el contexto en el que se inserta la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y su aplicación en los Otros Sujetos Obligados dentro de la IFAIP. En la tercera sección planteamos los principales resultados del estudio empírico; mientras que en la última sección, las conclusiones...

Rendición de cuentas, participación ciudadana y agencias de control en América Latina (Peruzzotti)

En las últimas décadas, la noción de rendición de cuentas se ha instalado como un aspecto central del buen gobierno. El concepto, se argumenta, expresa uno de los valores centrales de la democracia: que el gobierno debe someterse a una multiplicidad de controles a fin de asegurar el manejo responsable de los asuntos públicos. En los últimos años, diversos actores han demandado mayor transparencia y mejores controles sobre la actividad gubernamentales, desde la sociedad civil al periodismo, de la oposición a los organismos internacionales. En este sentido, los gobiernos se han visto obligados a aceptar e incorporar dichas demandas a través de la actualización de los mecanismos de control tradicionales y de la creación de nuevas agencias e instrumentos de supervisión.

A pesar de la preeminencia alcanzada por el concepto de rendición de cuentas así como del substancial debate que el mismo ha generado, no existe un consenso unívoco acerca de la naturaleza de la idea de rendición de cuentas, de su alcance y contribución al gobierno representativo o sobre los distintos tipos de mecanismos de rendición de cuentas que comúnmente se encuentran en todo régimen democrático. En el caso particular de América Latina, a la falta de consenso existente se le agrega además la relativa novedad del concepto en una región en donde el control democrático ha estado mayormente ausente, ya sea por la inestabilidad institucional que aquejó a muchos de los países del continente así como por la presencia de una tradición democrática relativamente hostil a la idea de rendición de cuentas. Es en años recientes que el término se ha popularizado, constituyéndose en una de las principales preocupaciones ciudadanas. El fortalecimiento de las instituciones y mecanismos de rendición de cuentas se presenta como uno de los mayores desafíos de la etapa de mejoramiento de la calidad institucional de las nuevas
democracias.

El otro déficit de la Democracia delegativa. Retomando el debate acerca de la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas de América Latina (Peruzzotti)

Tomando como punto de partida el concepto de democracia delegativa, la primera parte del artículo revisa los debates acerca del déficit de rendición de cuentas horizontal que caracteriza a dicha forma de régimen político. La segunda parte del artículo, en cambio, se centra en una dimensión de la rendición de cuentas democrático que ha sido soslayada tanto por la discusión sobre rendición de cuentas horizontal como social: la dimensión propiamente política del concepto de rendición de cuentas, la cual no puede reducirse exclusivamente a la rendición de cuentas electoral. Luego de analizar las limitaciones de una concepción meramente electoral de la representación democrática, el artículo propone ampliar el marco de análisis de las diversas formas de rendición de cuentas a fin de incluir la dimensión política no electoral de la misma. Si bien las elecciones son indispensables para la existencia de toda democracia, por sí solas no son capaces de generar un grado adecuado de receptividad política: es necesario también analizar las múltiples interacciones que representantes y representados establecen entre elecciones.
En la tercera y última sección introduzco la noción de democracia representativa, como política mediada, como un posible marco conceptual para analizar a la práctica de la representación democrática.
 

La democracia representativa como política mediada: repensando los vínculos entre representación y participación (Peruzzotti)

La relación entre participación cívica y representación política necesita ser repensada. Es necesario romper con las visiones que ven a dichos conceptos como alternativas para organizar la polis. Por un lado, buena parte de la literatura contemporánea sobre representación otorga un rol mínimo a la participación cívica; por otro, los defensores de la democracia participativa buscan desarrollar formas de acción directa que hacen prescindible a la representación.

El presente artículo asume que participación y representación, lejos de ser opuestos, son procesos  complementarios: el buen funcionamiento de la representación democrática requiere tanto de representantes como de ciudadanos activos, así como de contactos fluidos entre representantes y representados. El desafío está en cómo articular ambos procesos de manera de ir más allá del modelo elitista propuesto por las versiones actuales de la teoría minimalista de la democracia, así como del sesgo anti-representación que informa a muchos de los proponentes de la democracia participativa. Aquí se intenta establecer un puente entre participación y representación a través de la elaboración de una visión de la representación democrática como política mediada

Entidades de fiscalización superior y participación ciudadana. Reflexiones para una agenda de colaboración. (Peruzzotti)

El presente documento pretende ser un aporte a dichos objetivos: presenta un marco tipos de mecanismos de rendición de cuentas, y más específicamente de cómo una estrategia de articulación entre las actividades de las EFS con iniciativas de participación ciudadana puede avanzar la agenda de buena gobernabilidad en el continente. ¿Que entendemos por participación ciudadana? Como veremos en la sección II, el término participación ciudadana puede ser utilizado de diferentes formas. La participación cívica no tiene una acepción univoca sino que puede ser pensada de maneras muy diferentes. Es por eso que una sección de este trabajo se centra en analizar las diversas actividades y actores que encierra el término de participación cívica y llama a las EFS a pensar estrategias que estén dirigidas a un universo amplio de actores sociales dado que de esa manera podrán beneficiarse de una diversidad de insumos que --de limitar su  colaboración a un solo tipo de actor o de organización-- no estarían disponibles. Finalmente, se analizan distintos tipos de beneficios que la incorporación de mecanismos de participación ciudadana puede generar a la tarea de fiscalización de las EFS.

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