Guía para el monitoreo de los recursos municipales (México)

Este folleto tiene el propósito de brindar información sobre la manera en que se pueden vigilar los recursos municipales federalizados, especialmente los del Fon- do de Infraestructura Social Municipal, que se destina a la construcción de obras y acciones para las localidades con mayor rezago social. 
Conocer esta información es necesario para que los habitantes de las comunida- des rurales el estado de Guerrero puedan analizar y dar seguimiento al presupuesto público que llega a los municipios y de esta manera tengan elementos para deter- minar si los ayuntamientos cumplen o no con la normatividad.
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Lo positivo y lo negativo de la reforma constitucional en materia de transparencia

Número 74
   
 
 

Lo positivo y negativo de la reforma constitucional en materia de transparencia 

 

 

     

 

Peter Winkel

 Programa Democracia Participativa  

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC

 

 

 

Por fin el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 22 de agosto de 2013 la minuta que el Senado había enviado a los diputados en diciembre del año pasado. Sin embargo, hicieron algunas modificaciones que no pueden ser aplaudidas. El dictamen modificado regresó al Senado, ahora analicémoslo por partes.

 

La Minuta del Senado es testimonio ejemplar de un proceso deliberativo, democrático  y transparente, que contrasta con lo que se cocinó en la Cámara de Diputados donde casi todo se negoció "en lo oscurito".

 

En primera estancia no se esperaba que los diputados objetaran la minuta que el Senado aprobó por unanimidad. Gradualmente quedó claro que algunos grupos parlamentarios, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), objetaban varios aspectos fundamentales: querían más influencia sobre el nombramiento de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), excluir sindicatos y partidos políticos de la lista de sujetos obligados directos y no estaban de acuerdo en la inatacabilidad de las decisiones del IFAI. Aprovecharon el conflicto interno del IFAI para dilatar la decisión y buscaron cómo  meter reversa a algunos aspectos fundamentales.

 

Y casi lo habían logrado. La propuesta de dictamen fue un asalto a la razón y a la frágil e incipiente democracia. Académicos, especialistas, miembros de la Red por la Rendición de Cuentas y organizaciones como el Colectivo por la Transparencia tocaron la campana de alarma e iniciaron una intensiva campaña para influir en la decisión que la Cámara de Diputados estaba por tomar.

 

Afortunadamente el pleno de la Cámara de Diputados reconsideró la propuesta de las comisiones unidas (Comisiones de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anti-corrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias) y la aprobó por mayoría el martes 20 de agosto, misma que dos días después se votó en pleno. Entre lo positivo, el dictamen fue aprobado con 418 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, destacando, entre otros, los siguientes puntos:

  1. El IFAI será constitucionalmente autónomo y ampliará sus facultades sobre el legislativo, los órganos autónomos (como IFE, INEGI, CNDH), judicial (con excepción de la Suprema Corte) y demás sujetos obligados.
  2. La lista de sujetos obligados directos se amplía con los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, "así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal ....".
  3. Las resoluciones del IFAI serán inatacables, vinculatorias y definitivas.
  4. Se expedirá una Ley General de Transparencia que establece los principios, las bases y los procedimientos del derecho de acceso a la información, lo cual implica la unificación de criterios que tendrán validez en todo el país, incluyendo estados y municipios.
  5. Se expedirá una Ley General de Archivos que estable las normas y criterios para el control y manejo de los documentos en todo el país.
  6. El número de comisionados se amplía de cinco a siete y no obligan a los comisionados ser abogados (como se estipula en la fracción III del Artículo 95 de la Constitución para los Ministros de la Corte). Las decisiones de los comisionados no se deben limitar a un asunto meramente técnico. De lo contrario, es importante considerar miradas desde otras disciplinas y con criterios más amplios.

Sin embargo, hay que mencionar también algunos focos rojos:

  1. La inatacabilidad de las decisiones del IFAI es relativa: el dictamen otorga al Consejero Jurídico del Gobierno la facultad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en caso que la resolución ponga en riesgo la seguridad nacional. Esto implica un reverso enorme dado que apenas en marzo de 2012 la Suprema Corte emitió una tesis de jurisprudencia que dio un enorme respaldo al IFAI al determinar que los sujetos obligados no pueden usar recursos jurídicos ante las decisiones del IFAI. Solamente los particulares lo pueden hacer. Además, que el Consejero Jurídico puede interponer un recurso de revisión es contradictorio con la misma reforma constitucional: en primer lugar porque no es una instancia especializada en materia de derecho a la información pública. En segundo lugar  porque  limita la posibilidad de un procedimiento expedito para entregar la información solicitada. Es de esperar que la Ley de Seguridad Nacional y la nueva Ley General de Transparencia establezcan criterios muy precisos sobre lo que se debe de entender por seguridad nacional y cuáles son los criterios que deben de regir.
  2. Los comisionados actuales no quedan automáticamente en el puesto para lo cual han sido elegidos. La Cámara de Diputados estableció que los cinco comisionados actuales tienen diez días, después de la publicación de la reforma constitucional, para manifestar por escrito ante el Senado su interés de continuar en el puesto. Si el Senado no contesta a su escrito quiere decir que no continuarán en su puesto; la negativa ficta a través del silencio.         

Está por ver qué opina el Senado de los cambios que hizo la Cámara de Diputados: si los acepta o rechaza y si se mantiene firme en su minuta original.

 

Hay que aplaudir que se logró frenar lo peor de las modificaciones, pero hay que seguir muy alerta, sobre todo cuando en el Congreso empiecen a elaborar la Ley General de Transparencia o, mejor dicho, cuando haya señales de querer elaborarla.

 

A fin de cuentas, el Congreso nunca cumplió con el plazo de un año que se dio para reformar la Ley Federal de Transparencia, después de la reforma constitucional al Artículo 6º en julio de 2007.

 

Esperamos que no tengan que pasar otros cinco años para que se promulgue la nueva Ley General de Transparencia. El Congreso debe a los ciudadanos el establecimiento de los principios de un sistema de rendición de cuentas en nuestro país.

 
 

Voces Ciudadanas nace en 2011 como un servicio informativo y de análisis sobre la agenda pública que busca: 

 

1.   Colocar la voz ciudadana en el espacio público.

2.   Estimular la participación y el acuerdo.

3.   Fortalecer el tejido social y civil.

4.   Proponer soluciones a los asuntos públicos desde una visión ciudadana.

 

 

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Guía práctica sobre el proceso de fiscalización de la cuenta pública del D.F. (México)

Este material de consulta pretende dotar al servidor público del D.F. de información general acerca del proceso de fiscalización gubernamental, así como ofrecer herramientas básicas para saber cómo actuar cuando el Órgano Técnico de Fiscalización de la Asamblea Legislativa (Contaduría Mayor de Hacienda) se presenta a practicar una auditoría a algún ente de la Administración Pública del D.F. Este esfuerzo de integración de conceptos y prácticas de un proceso tan complejo, pero necesario para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos de la Ciudad, fue diseñado con el objetivo de brindar una visión general del proceso de fiscalización gubernamental en el D.F. y para coadyuvar con el buen desarrollo de sus instituciones públicas.

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Manual de control social del derecho a la salud (México)

El concepto que guía el primer manual original de ControlaTuGobierno.com es el de control social, con la intención de diferenciar este material de otros manuales de contraloría social. El control social aspira a tener una mayor incidencia, involucrando actores, acciones, herramientas y recursos diversos, para vigilar, evaluar y controlar la acción gubernamental.

En el caso del derecho a la salud, hemos conceptualizado la de idea de control social de las acciones gubernamentales como la posibilidad de que la ciudadanía, en colaboración con las autoridades gubernamentales, identifique problemas y busque alternativas para mejorar los servicios de salud y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.  Este manual forma parte de un proceso más amplio en el que se asume que las personas se interesan por controlar, vigilar y evaluar la acción gubernamental, cuando tales acciones tienen un impacto en su calidad de vida.

El Manual está dividido en tres capítulos. En el primero se ofrece el marco conceptual sobre el derecho a la salud, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En el segundo capítulo se presenta el marco legal del derecho a la salud y en el último capítulo se describe la metodología empleada por la Asociación de Espina Bífida “Miel que Vino del Cielo”, A. C. 

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Acceso a la información pública y participación ciudadana (Chile)

El presente documento se inserta en el marco del programa “Profundizando las capacidades de demanda de información de la sociedad civil” de la Fundación Pro Acceso que tiene dentro de sus objetivos la discusión pública de acceso a la información, a través de mesas de trabajo, de investigaciones, de diagnóstico orientadas a identificar brechas institucionales que impiden un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información. En este paper se aborda específicamente “la relación entre el derecho al acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la participación ciudadana”

El Acceso a la Información Pública como una herramienta para el monitoreo social de las migraciones en Uruguay

En mayo de 2011, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur (OPPDHM) establecieron una alianza estratégica para aunar sus saberes y esfuerzos con el propósito de trabajar en el Acceso a la Información Pública (AIP) sobre las migraciones en Uruguay. La iniciativa se encuadró en el programa “Acceso a la información Pública y Protección de otros Derechos” que lleva adelante el Centro con el apoyo de Open Society Foundation. Esta línea de trabajo se focaliza en el acceso a la información sobre derechos humanos y en el AIP como un mecanismo para la participación ciudadana y la protección de otros derechos específicos.

Transparencia que no se ve

 

Número 69
   
 
 

Transparencia que no se ve

 

 

     

 

Peter Winkel

 Programa Democracia Participativa  

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC

 

 

La reforma constitucional para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) y otorgarle más facultades está atorada en la Cámara de Diputados.     

 

Lamentablemente no se abordará en el periodo extraordinario de sesiones, porque no hay consenso sobre los cambios que propone sobre todo el Partido de la Revolución Institucional (PRI) a la Minuta enviada en diciembre del año pasado. Los ciudadanos esperábamos que la Cámara de Diputados aprobara la Minuta antes del 30 de abril, tal como se había acordado en el Pacto por México. ¿Qué no es un tema prioritario para el Presidente de la República?

 

Recordemos. La Minuta fue aprobada por unanimidad en el Senado después de un largo proceso de mucho debate y amplia participación ciudadana. Después de recibir la Minuta, la Cámara de Diputados tardó casi cuatro meses para convocar a una reunión, ocurrida el pasado 11 de abril. En esa reunión las comisiones unidas (Comisiones de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anti-corrupción y de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias) se declararon en sesión permanente. El 29 de abril, un día antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, se reunieron de nuevo y se presentó un nuevo dictamen, donde el grupo parlamentario PRI literalmente "quiere meter reversa" a algunos principios fundamentales. En síntesis:

   

1.- Proteger a los partidos políticos y sindicatos sin ser considerados como sujetos obligados directos. 

  

El argumento es que los partidos políticos ya son fiscalizados suficientemente por el Instituto Federal Electoral (IFE). Pero todos sabemos que solicitar información a los partidos políticos a través del IFE es un proceso complicado y tardado, restando eficacia. ¿Por qué el PRI no quiere aceptar la obligación de transparentar su quehacer? A fin de cuentas en 17 entidades federativas los partidos políticos ya son sujetos obligados directos. Como los grupos parlamentarios no tienen personalidad jurídica, sino que forman parte de los partidos políticos, es de suponer que también los grupos parlamentarios también estarían obligados a hacerlo.  

 

Específicamente, en el dictamen del Senado propone incluirlos como sujetos obligados directos. Mejor aún sería que tanto el Senado como la Cámara de Diputados incluyan en sus respectivos Reglamentos, la obligación de los grupos parlamentarios de transparentar todos los recursos recibidos y justificar en qué gastan los millones de pesos que reciben cada año.

   

 

 

2. Debilitar al IFAI quitando la inatacabilidad de sus resoluciones.    

 

Hace algunos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que las resoluciones del IFAI son definitivas bajo la legislación actual. Sería incomprensible y totalmente contradictorio otorgar la autonomía constitucional a un órgano garante, y al mismo tiempo, restar peso a esta garantía al permitir que los servidores públicos puedan apelar las decisiones del IFAI en los tribunales. Sería una burla.

   

3. Eliminar la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de leyes (federales o estatales).

 

Lo anterior vulnera nuestro derecho fundamental. Si no existe esta posibilidad, entonces no habrá quien garantice el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos en nuestro país.  

 

4. Mayor injerencia en el nombramiento de los Comisionados del IFAI.  

 

Específicamente, el PRI propone que los Comisionados sean nombrados por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Diputados, y que los actuales Comisionados sean removidos. Esto sería peligroso y daría paso a escenarios vergonzosos de "pelea partidista por el botín" como ocurrió en el IFE. Además, esta propuesta resta confianza y credibilidad a una institución "ciudadana" que debería garantizar la imparcialidad en los procesos y proteger el acceso a la información pública. En el dictamen del Senado, su propuesta considera que los Comisionados sean nombrados por el Senado y ratificados por el Presidente de la República.  

 

   

Imagen: Alejandro Santos

 

  

En comparación, y a excepción del Partido de Acción Nacional (PAN), que defiende el dictamen del Senado y rechaza rotundamente las modificaciones propuestas por el PRI, no queda muy claro cuál es la posición de los otros partidos políticos, sobre todo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque su coordinador, Miguel Barbosa Huerta afirmó el pasado 14 de julio que "fortalecer al IFAI significa establecer un piso mínimo de transparencia que mejoraría a las instituciones  públicas y favorecería la rendición de cuentas".  

 

Barbosa está tratando de salvar la situación y exhortó a los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados a buscar un acuerdo en agosto durante el segundo periodo extraordinario. Si eso no fructifica, se tendrá que discutir en el mes de septiembre, cuando inicia el segundo periodo ordinario de sesiones.

 

Si se compara el proceso legislativo que se desarrolló en el Senado con el de la Cámara de Diputados, este último se puede definir como opaco, poco transparente y con poca, o más bien nula, participación ciudadana. Las opiniones de algunos diputados se ventilan en los medios de comunicación pero, a diferencia de las Comisiones en el Senado, no existe un referente de información oficial donde sea posible comparar las posturas de los partidos políticos, y enterarse, como es derecho ciudadano, sobre el desarrollo de las discusiones y los acuerdos. Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción carecen de un portal web. Es en el micrositio de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias donde se pueden descargar las reservas y observaciones.   

  

En conclusión, debemos evitar una brutal regresión y debilitamiento al IFAI. Debemos conseguir su fortalecimiento y sumarnos a las acciones ciudadanas como es el caso de la Red por la Rendición de Cuentas y el Colectivo por la Transparencia.  

 

Toda persona, física o moral, que recibe recursos públicos debe rendir cuentas, incluyendo a los partidos políticos, los grupos parlamentarios, sindicatos, fideicomisos y un largo etcétera. El escenario político actual es de total opacidad. Los ciudadanos tenemos el derecho a saber detalladamente qué hacen con nuestros recursos.

 

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Conocimientos y herramientas básicas sobre migración (México)

El objetivo general de esta caja de herramientas es generar conocimientos básicos sobre el tema migratorio y en particular, sobre la problemática poblana. La finalidad es brindar herramientas
para la construcción de mejores prácticas en la rendición de cuentas, en los modelos participativos y la generación de capacidades para encontrar respuestas conjuntas.
La guía se presenta en ocho módulos, donde se abordan los siguientes temas: introducción a la migración internacional y a la migración poblana; contraloría, rendición de cuentas y transparencia; derechos humanos y protección consular; salud; derechos laborales; remesas y desarrollo, el caso del Programa 3X1; educación y juventud, y; género y migración.

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