Anteproyecto de la Ley Marco de Participación y Control Social (Bolivia)

El proceso de elaboración de la “Propuesta del Anteproyecto de la Ley Marco de Participación y Control Social” se inició en primera instancia con vecinos y vecinas de la Zona sur de Cochabamba, principalmente de Villa Pagador, sin duda esta iniciativa dio lugar a que representantes de otros Distritos municipales se sumen a esta propuesta. Participaron en este proceso  dirigentes, compañeras y compañeros de base de OTB’s, Juntas Vecinales, Comités de Agua, Juntas Escolares, Comités Populares de Salud, organizaciones juveniles, universitarios y personas interesadas que no tenían filiación a una organización. A partir de la iniciativa de las organizaciones urbano populares de Cochabamba se ha podido articular una red de organizaciones urbanas con participación de vecinos y vecinas de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Quillacollo, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija.

En los distintos encuentros, talleres y foros se han abordado distintos temas, a continuación señalamos los más relevantes de este proceso:

 

  • El análisis y evaluación de la ley de Participación Popular (Ley 1551), se centró en los efectos que tuvo la aplicación de esta ley para las organizaciones populares, a partir del tipo de participacióncontrol social que generó la misma.
  • Respecto a la participación y control social se realizó una mirada histórica a las experiencias populares de decisiones en el ámbito público, como fueron el cogobierno y el control obrero.
  •  De la misma manera se han realizado sesiones de análisis respecto a la concepción de la democracia, abordando el análisis de está a partir de cuestionar el modelo de democracia monopolizada por los partidos políticos, como únicos interlocutores de la sociedad civil, el sufragio era la única forma de participación. Los debates y discusiones respecto al tema han permitido perfilar una concepción de la democracia participativa, comunitaria y directa.
  •  Varios talleres fueron dedicados a discutir el enfoque de la “participación y control social”, confrontando distintas perspectivas teóricas respecto a estos dos conceptos íntimamente ligados pero fundamentalmente se recogió la experiencia de las y los compañeros que participaron en la construcción de la presente propuesta.
  • Como eje central de la presente Propuesta del Anteproyecto de la Ley Marco de Participación y Control Social, está el análisis constitucional y la incorporación en la presente propuesta, puesto que mas allá del artículo 241 y 242 de la Nueva Constitución del Estado Plurinacional, se han analizado mas de 40 artículos que establecen los alcances, atribuciones y competencias respecto a la Participación y Control Social, ver detalle en el Art. 2 de la presente propuesta.

En ese sentido el proceso de discusión respecto a los temas citados ha servido para poder escribir la presente propuesta de ley marco que pone en consideración la “Articulación de organizaciones por una verdadera participación y un efectivo control social”, esperando que pueda profundizarse el debate y la discusión para construir una propuesta de Ley Marco de Participación y ControlSocial que surja de las organizaciones populares.

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Manual de Exigibilidad del Derecho Humano a la Alimentación (México)

El derecho a la alimentación no es el simple derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Se espera, pues, que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan, o producir sus propios alimentos, o adquirirlos con facilidad y satisfacción. Para producir sus propios alimentos una persona necesita tierra, semillas, agua y otros bienes naturales; y para comprarlos necesita dinero y acceso a un sistema de comercio justo, donde no exista el acaparamiento de la distribución de alimentos por parte de las empresas. Si el Estado no garantiza el derecho humano a la alimentación en toda su amplitud, entonces incurre en graves violaciones a los derechos humanos.

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Cómo Incidir en Políticas Públicas (Paraguay)

El presente documento ha sido escrito con el objetivo de apoyar a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que, con su actuar, desean incidir en las políticas públicas; pasando de la democracia formal, electoral, a la democracia participativa. Hacer incidencia es buscar materializar cambios y aunque son muy pocas las organizaciones que existen exclusivamente para realizar campañas de incidencia, casi todas -de alguna u otra forma-, promueven la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y desarrollan nuevas formas de relación ciudadanía-gobierno.

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Etica, Transparencia y Lucha Contra la Corrpupción en la Administración Pública

Nos interesa promover la toma de conciencia sobre la responsabilidad que cada uno tiene en la prevención de la corrupción y en la construcción de una sociedad más justa. Es así como la Oficina Anticorrupción se propuso desarrollar esta publicación dirigida a funcionarios de la Administración Pública Nacional para la difusión de las políticas, instrumentos y herramientas sobre estos temas.
A través de este manual se espera:

  • Presentar la mirada sistémica sobre la corrupción y abordar de manera integral los temas referidos a la ética pública, transparencia y lucha contra la corrupción.
  • Informar sobre las principales herramientas, prácticas y mecanismos de prevención de la corrupción y fortalecimiento de la transparencia.
  • Desarrollar una mirada compleja sobre las posibles soluciones a situaciones dedesvío, intergrando políticas y prácticas punitivas y preventivas.

El propósito general de este material es contribuir a la difusión y al fortalecimiento de la transparencia en la Administración Pública. Esperamos que esta información contribuya al desempeño de su trabajo.

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Guía para el monitoreo de los recursos municipales (México)

Este folleto tiene el propósito de brindar información sobre la manera en que se pueden vigilar los recursos municipales federalizados, especialmente los del Fon- do de Infraestructura Social Municipal, que se destina a la construcción de obras y acciones para las localidades con mayor rezago social. 
Conocer esta información es necesario para que los habitantes de las comunida- des rurales el estado de Guerrero puedan analizar y dar seguimiento al presupuesto público que llega a los municipios y de esta manera tengan elementos para deter- minar si los ayuntamientos cumplen o no con la normatividad.
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Lo positivo y lo negativo de la reforma constitucional en materia de transparencia

Número 74
   
 
 

Lo positivo y negativo de la reforma constitucional en materia de transparencia 

 

 

     

 

Peter Winkel

 Programa Democracia Participativa  

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC

 

 

 

Por fin el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 22 de agosto de 2013 la minuta que el Senado había enviado a los diputados en diciembre del año pasado. Sin embargo, hicieron algunas modificaciones que no pueden ser aplaudidas. El dictamen modificado regresó al Senado, ahora analicémoslo por partes.

 

La Minuta del Senado es testimonio ejemplar de un proceso deliberativo, democrático  y transparente, que contrasta con lo que se cocinó en la Cámara de Diputados donde casi todo se negoció "en lo oscurito".

 

En primera estancia no se esperaba que los diputados objetaran la minuta que el Senado aprobó por unanimidad. Gradualmente quedó claro que algunos grupos parlamentarios, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), objetaban varios aspectos fundamentales: querían más influencia sobre el nombramiento de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), excluir sindicatos y partidos políticos de la lista de sujetos obligados directos y no estaban de acuerdo en la inatacabilidad de las decisiones del IFAI. Aprovecharon el conflicto interno del IFAI para dilatar la decisión y buscaron cómo  meter reversa a algunos aspectos fundamentales.

 

Y casi lo habían logrado. La propuesta de dictamen fue un asalto a la razón y a la frágil e incipiente democracia. Académicos, especialistas, miembros de la Red por la Rendición de Cuentas y organizaciones como el Colectivo por la Transparencia tocaron la campana de alarma e iniciaron una intensiva campaña para influir en la decisión que la Cámara de Diputados estaba por tomar.

 

Afortunadamente el pleno de la Cámara de Diputados reconsideró la propuesta de las comisiones unidas (Comisiones de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anti-corrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias) y la aprobó por mayoría el martes 20 de agosto, misma que dos días después se votó en pleno. Entre lo positivo, el dictamen fue aprobado con 418 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, destacando, entre otros, los siguientes puntos:

  1. El IFAI será constitucionalmente autónomo y ampliará sus facultades sobre el legislativo, los órganos autónomos (como IFE, INEGI, CNDH), judicial (con excepción de la Suprema Corte) y demás sujetos obligados.
  2. La lista de sujetos obligados directos se amplía con los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, "así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal ....".
  3. Las resoluciones del IFAI serán inatacables, vinculatorias y definitivas.
  4. Se expedirá una Ley General de Transparencia que establece los principios, las bases y los procedimientos del derecho de acceso a la información, lo cual implica la unificación de criterios que tendrán validez en todo el país, incluyendo estados y municipios.
  5. Se expedirá una Ley General de Archivos que estable las normas y criterios para el control y manejo de los documentos en todo el país.
  6. El número de comisionados se amplía de cinco a siete y no obligan a los comisionados ser abogados (como se estipula en la fracción III del Artículo 95 de la Constitución para los Ministros de la Corte). Las decisiones de los comisionados no se deben limitar a un asunto meramente técnico. De lo contrario, es importante considerar miradas desde otras disciplinas y con criterios más amplios.

Sin embargo, hay que mencionar también algunos focos rojos:

  1. La inatacabilidad de las decisiones del IFAI es relativa: el dictamen otorga al Consejero Jurídico del Gobierno la facultad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en caso que la resolución ponga en riesgo la seguridad nacional. Esto implica un reverso enorme dado que apenas en marzo de 2012 la Suprema Corte emitió una tesis de jurisprudencia que dio un enorme respaldo al IFAI al determinar que los sujetos obligados no pueden usar recursos jurídicos ante las decisiones del IFAI. Solamente los particulares lo pueden hacer. Además, que el Consejero Jurídico puede interponer un recurso de revisión es contradictorio con la misma reforma constitucional: en primer lugar porque no es una instancia especializada en materia de derecho a la información pública. En segundo lugar  porque  limita la posibilidad de un procedimiento expedito para entregar la información solicitada. Es de esperar que la Ley de Seguridad Nacional y la nueva Ley General de Transparencia establezcan criterios muy precisos sobre lo que se debe de entender por seguridad nacional y cuáles son los criterios que deben de regir.
  2. Los comisionados actuales no quedan automáticamente en el puesto para lo cual han sido elegidos. La Cámara de Diputados estableció que los cinco comisionados actuales tienen diez días, después de la publicación de la reforma constitucional, para manifestar por escrito ante el Senado su interés de continuar en el puesto. Si el Senado no contesta a su escrito quiere decir que no continuarán en su puesto; la negativa ficta a través del silencio.         

Está por ver qué opina el Senado de los cambios que hizo la Cámara de Diputados: si los acepta o rechaza y si se mantiene firme en su minuta original.

 

Hay que aplaudir que se logró frenar lo peor de las modificaciones, pero hay que seguir muy alerta, sobre todo cuando en el Congreso empiecen a elaborar la Ley General de Transparencia o, mejor dicho, cuando haya señales de querer elaborarla.

 

A fin de cuentas, el Congreso nunca cumplió con el plazo de un año que se dio para reformar la Ley Federal de Transparencia, después de la reforma constitucional al Artículo 6º en julio de 2007.

 

Esperamos que no tengan que pasar otros cinco años para que se promulgue la nueva Ley General de Transparencia. El Congreso debe a los ciudadanos el establecimiento de los principios de un sistema de rendición de cuentas en nuestro país.

 
 

Voces Ciudadanas nace en 2011 como un servicio informativo y de análisis sobre la agenda pública que busca: 

 

1.   Colocar la voz ciudadana en el espacio público.

2.   Estimular la participación y el acuerdo.

3.   Fortalecer el tejido social y civil.

4.   Proponer soluciones a los asuntos públicos desde una visión ciudadana.

 

 

Voces Ciudadanas ES TU ZONA DE REFLEXIÓN.

Comparte tus ideas, temas, comentarios y dudas:

karla@iniciativaciudadana.org.mx 

Área de Comunicación / Karla Ambrosio Torres

(52)(55) 55. 14. 10 72 y 55. 25. 82. 32 y 76.

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Guía práctica sobre el proceso de fiscalización de la cuenta pública del D.F. (México)

Este material de consulta pretende dotar al servidor público del D.F. de información general acerca del proceso de fiscalización gubernamental, así como ofrecer herramientas básicas para saber cómo actuar cuando el Órgano Técnico de Fiscalización de la Asamblea Legislativa (Contaduría Mayor de Hacienda) se presenta a practicar una auditoría a algún ente de la Administración Pública del D.F. Este esfuerzo de integración de conceptos y prácticas de un proceso tan complejo, pero necesario para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos de la Ciudad, fue diseñado con el objetivo de brindar una visión general del proceso de fiscalización gubernamental en el D.F. y para coadyuvar con el buen desarrollo de sus instituciones públicas.

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Manual de control social del derecho a la salud (México)

El concepto que guía el primer manual original de ControlaTuGobierno.com es el de control social, con la intención de diferenciar este material de otros manuales de contraloría social. El control social aspira a tener una mayor incidencia, involucrando actores, acciones, herramientas y recursos diversos, para vigilar, evaluar y controlar la acción gubernamental.

En el caso del derecho a la salud, hemos conceptualizado la de idea de control social de las acciones gubernamentales como la posibilidad de que la ciudadanía, en colaboración con las autoridades gubernamentales, identifique problemas y busque alternativas para mejorar los servicios de salud y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.  Este manual forma parte de un proceso más amplio en el que se asume que las personas se interesan por controlar, vigilar y evaluar la acción gubernamental, cuando tales acciones tienen un impacto en su calidad de vida.

El Manual está dividido en tres capítulos. En el primero se ofrece el marco conceptual sobre el derecho a la salud, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En el segundo capítulo se presenta el marco legal del derecho a la salud y en el último capítulo se describe la metodología empleada por la Asociación de Espina Bífida “Miel que Vino del Cielo”, A. C. 

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Acceso a la información pública y participación ciudadana (Chile)

El presente documento se inserta en el marco del programa “Profundizando las capacidades de demanda de información de la sociedad civil” de la Fundación Pro Acceso que tiene dentro de sus objetivos la discusión pública de acceso a la información, a través de mesas de trabajo, de investigaciones, de diagnóstico orientadas a identificar brechas institucionales que impiden un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información. En este paper se aborda específicamente “la relación entre el derecho al acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la participación ciudadana”

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