Brazil: Transparency for Some, Opacity for Most

The author is executive manager of Abraji, the Brazilian Association of Investigative Journalism, and runs its training for journalists on Brazilian freedom of information law. She is also executive secretary for the Forum for Access to Public Information, a coalition of 25 entities coordinated by Abraji that successfully lobbied for Brazil’s freedom of information law and monitors its enforcement. She previously worked at Transparency Brazil and Acessa Sao Paulo. This article was published on the website of the Global Investigative Journalism Network. Hard To Believe: Brazil’s annual Transparency Trophy goes to Sao Paulo’s giant water company, a firm notorious for not sharing information with the public.

Derecho al Agua XII Informe Sobre Derechos Humanos

Difícilmente encontraremos voces disidentes que contravengan que los derechos humanos son la máxima expresión de la justicia y que su defensa es un derecho y un deber de todas y todos, ya que indudablemente estas prerrogativas constituyen verdaderas expectativas para la protección dela dignidad, la autonomía y la inviolabilidad delas personas; por ello, su protección y respeto debe garantizarse como un deber esencial del Estado, a través de la creación de mecanismos suficientes para poder hacerlas exigibles y, ante su transgresión, hacerlas justiciables. De esta forma, no podemos negar que los derechos humanos y las libertades que estos garantizan no son producto de la buena voluntad, sino de históricas luchas libradas por instaurar un orden político, jurídico y social más justo, que garantice la igualdad, la libertad, la seguridad y la cobertura universal de las necesidades básicas para la realización de una vida digna.

Principios relativos a la Libertad de Expresión y a los Derechos al Agua y al Saneamiento

El agua es esencial para el bienestar del ser humano. Es imprescindible para el desarrollo sostenible, y constituye uno de los requisitos básicos para el funcionamiento de todos los ecosistemas del mundo. Su importancia es vital no sólo para la protección de los derechos humanos –como los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad, a un medio ambiente saludable, a la alimentación y al trabajo–, sino también para garantizar la justicia social y proteger la identidad cultural y la diversidad, la igualdad y la paz. Aunque en virtud del derecho internacional que los consagra, los derechos al agua y al saneamiento son legalmente vinculantes, aún queda bastante trabajo por hacer para asegurar su realización en la práctica a escala internacional, regional y nacional. Asimismo, es preciso aunar esfuerzos para que exista un equilibrio adecuado entre el agua dedicada a uso personal y doméstico y la dedicada a la agricultura, a la generación de energía y a la industria. De igual forma, a la hora de disponer de recursos hídricos, deben tenerse en cuenta la sostenibilidad y la protección del entorno, a fin de que las generaciones presentes y futuras puedan beneficiarse de ellos.

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de México en los Informes de la Auditoría Superior de la Federación 2012-2013.

Los autores analizaron dos informes de inversiones físicas efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales en el Estado de México, para identificar cómo se ejercieron los recursos fiscales asignados a este programa en el 2012 y 2013. Asimismo visitaron las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicadas en la Subcuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía en el Estado de México, para constatar si la información publicada en fuentes oficiales correspondía a las instalaciones que existen en esta región.

De las 6 PTAR investigadas y reportadas en operación en el Inventario de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CONAGUA, una no existe, tres no funcionan y las restantes han disminuido su funcionamiento entre el 50 y el 90%, lo que refleja que los informes oficiales no corresponden con la realidad y que las autoridades responsables de la verificación constante de las plantas no lo han consignado, por lo que el inventario no se considera confiable.

Respecto a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, en ellos se reporta incumplimiento de las reglas de operación, recursos no ejercidos o entregados de manera extemporánea, falta de disponibilidad oportuna de los estudios necesarios para diseñar y construir adecuadamente las PTAR, y registro de contratos y obras más de una vez. Asimismo, los autores encontraron que en las visitas a campo que realiza el personal de la Auditoría Superior de la Federación, no se verifica que las instalaciones auditadas se encuentren en operación o hayan sido entregadas a los responsables de operarlas. Hay obras que se reportan en los informes de auditoría con avances de 6% que nunca se terminaron de construir.

Asimismo, se encontró que algunas promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que presenta la Auditoría Superior de la Federación ante el órgano interno de control de la CONAGUA o de la CAEM, en muchos casos se archivan “por falta de elementos”. Esto podría significar que no están bien documentadas, o que el órgano de control puede archivar estos procedimientos sin que haya consecuencias legales o administrativas.

Esta investigación piloto busca revelar que el sistema actual de información sobre las PTAR, incluyendo los registros propios de la CONAGUA y las auditorias de la ASF, no ofrecen información suficientemente confiable para constar cuales obras realmente funcionan y dónde están los problemas que ocasionan que el tratamiento de las aguas residuales no se realice adecuadamente. Con base en los hallazgos obtenidos, los autores proponen realizar ejercicios de contraloría social, a mayor escala y profundidad, para identificar si las omisiones e irregularidades detectadas sólo ocurrieron en el Estado de México, o es un problema relacionado con la operación de la política pública a nivel nacional. Asimismo proponen revisar con detalle las cédulas de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación para identificar el impacto de las acciones que promueve ante las instancias de control interno con el fin de repensar su calidad, pertinencia y utilidad. La propuesta de los autores es que se impulse un amplio ejercicio de contraloría social con el apoyo de un conjunto de organizaciones e instancias académicas que ya se encuentran trabajando en el tema del agua en diversos estados del país, a fin de mejorar la operación del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, y mejorar el efecto correctivo y sancionatorio de las acciones que realiza la entidad de fiscalización superior a nivel nacional, con el propósito de lograr que los esfuerzos gubernamentales realmente logren tratar las aguas residuales, y de este modo evitar la contaminación de los recursos hídricos y favorecer el ciclo del agua
 

El derecho humano al agua en México. Actores, proyectos gubernamentales y propuestas de ley.

El documento que aquí se presenta es una sistematización de la información recabada por Controla Tu Gobierno, A. C. para dar seguimiento al proceso de construcción de la iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales, elaborada por un conjunto muy amplio de organizaciones civiles1. Este proceso es particularmente interesante porque se construyó en un periodo aproximado de 5 años, con la participación de actores sociales diversos, entre los que figuran miembros de la academia, organizaciones de base, organizaciones civiles intermedias, abogados, campesinos y estudiantes. En esa variedad de colaboradores fue fundamental el liderazgo de Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán, dirigentes del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa-Centli. Asimismo otros académicos y miembros de organizaciones civiles fueron el motor para lograr extender en todo el territorio nacional el interés por impulsar una iniciativa ciudadana de Ley General de Agua, que implicara un nuevo modelo de gestión que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento para las generaciones actuales y futuras.
El texto está dividido en cuatro apartados. En el primero se describe de manera general la política pública en materia de agua que ha prevalecido en los últimos 15 años. En el segundo se explica el proceso organizativo de los diversos actores que han ido articulando la lucha en defensa del agua y el reconocimiento jurídico de este bien común como un derecho humano. El tercer apartado recupera los aspectos más relevantes de la construcción de la iniciativa ciudadana de ley general de agua, así como los aspectos más desfavorables de la iniciativa del Ejecutivo federal conocida como “Iniciativa Korenfeld”. En el último apartado se describen algunos ejemplos de movimientos reactivos y propositivos surgidos en la última década para defender el agua.

Proceso de interacción entre sociedad civil y gobierno para transparentar la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento en el Distrito Federal

El propósito de este estudio fue mostrar las características, evolución y resultados de un proceso en el que fuera evidente el interés ciudadano por incidir en la acción pública y desarrollar acciones de contraloría social. Se buscó además, que en tal proceso se presentara una articulación clara entre ciudadanía, académicos y autoridades gubernamentales.
El proceso que se cumplió con estas características ocurrió en México, Distrito Federal durante el período comprendido entre 2003 y 2012, y consistió en transparentar la gestión pública de los servicios del agua y saneamiento en la Ciudad de México, que habían sido concesionado a empresas privadas. La forma en que intervinieron cada uno de los actores involucrados, así como el resultado de sus respectivas acciones, es la materia central de las siguientes páginas.
El documento está estructurado en cuatro secciones. En la primera se describe cómo se fue construyendo la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en torno al Programa de Derechos Humanos, también del DF. Asimismo se reseñan las principales actividades realizadas en materia de agua, durante la instalación y desarrollo de las Mesas de Diálogo por a Transparencia, convocadas por el órgano garante de la transparencia. En el segundo apartado se describen brevemente los esfuerzos de las organizaciones ciudadanas por transparentar la información pública relativa al concesionamiento de los servicios de agua y saneamiento.
En la tercera parte se hace un recuento de la incorporación del derecho humano al agua en la Ley de Aguas del Distrito Federal y las posteriores iniciativas de ley presentadas ante la Asamblea Legislativa del DF. Finalmente, el cuarto apartado muestra el resultado del proceso de interacción entre la sociedad civil, los órganos autónomos y el gobierno del DF, destacando los logros, pero sobre todo los retos y recomendaciones necesarias para institucionalizar los resultados del control social2 de las acciones gubernamentales en materia del derecho humano al agua.

 

Contraloría Social y Protección de Programas Sociales (Hevia)

El objetivo de este ensayo es identificar los vínculos entre la Contraloría Social y la protección de programas sociales en contextos electorales y establecer recomendaciones para fortalecer la capacidad de estos mecanismos. Para ello, desarrollamos cinco apartados. En el primero se incluyen las principales características de la Contraloría Social, las diferencias conceptuales con otras acciones que apuntan también a la rendición de cuentas, sus orígenes y el marco legal que la protege. En el segundo apartado, proponemos una tipología de mecanismos de Contraloría Social existentes en la actualidad, diferenciando acciones de Contraloría Social fuertes y débiles. En el tercer apartado, se presentan las experiencias concretas de Contraloría Social en las radiodifusoras indigenistas de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en los programas de Apoyo a los Jornaleros Agrícolas y en el programa Oportunidades —ambos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)— concentrándonos en este último por ser el programa más importante de la política social en México, tanto por su cobertura como por los recursos comprometidos. El cuarto punto hace un balance de las fortalezas y debilidades de la Contraloría Social en la protección de los programas sociales. Finalmente en un quinto apartado, se entregan algunas recomendaciones para fortalecer estas acciones.

Participación de la sociedad no organizada. Sistemas de atención ciudadana y sus consecuencias en las relaciones sociedad-estado (Hevia)

Existe una inmensa área de relaciones “directas” entre el poder público y los ciudadanos que no reciben suficiente atención como mecanismos de incidencia y participación ciudadana: los sistemas de atención ciudadana. La hipótesis es que estos sistemas responden a una “importación” de modelos de gestión privada en la provisión de servicios; al fortalecimiento de organismos de derecho orientados a la defensa de los derechos ciudadanos; y un antiguo padrón de relaciones sociedad-estado basado en la petición a los gobernantes como súbditos y no como ciudadanos. Estas tres matrices generan diversas respuestas en términos de eficiencia (resolver los problemas de los ciudadanos), legitimidad (servir como espacios de participación ciudadana alternativos a los consejos y presupuestos participativos) y simbolismos (la construcción de un “ideal” del Estado). Para desarrollar este argumento, se propone una tipología de mecanismos de atención ciudadana, se revisa el estado el arte y se discuten algunas ideas para establecer una agenda de investigación futura.

Construyendo procesos de auditoría social en Centroamérica: lecciones aprendidas y retos futuros en el sector social (BID)

El objetivo de este documento es: (i) examinar los experimentos de rendición local de cuentas en Centro América a fin de entender qué mecanismos han funcionado e identificar los factores sobre los que se basa dicho éxito; (ii) identificar elementos que han frenado y/o amenazado detener la introducción y consolidación de experimentos de rendición local de cuentas; y (iii) evaluar el impacto, sostenibilidad y replicabilidad de diferentes experimentos y así contribuir a la creación de una agenda de actividades para fortalecer y efectivizar la práctica de la rendición local de cuentas.

La primera sección analiza el significado del concepto de “rendición de cuentas” y examina el contexto dentro del cual han florecido experimentos de rendición local de cuentas en Centro América durante la década pasada. Luego sigue una discusión de diferentes experimentos de rendición local de cuentas implementados en la región, y la sección final presenta una agenda de acción para el fortalecimiento de dicha práctica.

Mapping Context for Social Accountability (The World Bank)

This resource paper focuses on the issue of Social Accountability Aproaches (Sacc) and context, arising out of a growing recognition that context is critical in shaping, making and breaking SAcc interventions. It seeks to respond to the increasing realization that:

  • There are significant challenges associated with transplanting a successful SAcc model from one context to another, and a "tools-based" approach to SAcc risks obscuring the underlying social and political processes that really explain why a given model is, or is not, effective;
  • There has been a tendency to be overly optimistic about the potential of "demand-side" governance approaches to solve difficult and context-specific development problems; and
  • Various cases of donor-supported SAcc (with exceptions) do not appear to be adequately grounded in the growing evidence of how SAcc has actually played out on the ground.

More specifically, the paper seeks to fill in some critical gaps in our knowledge and practice. Two main gaps are apparent: first, in spite of the growing recognition that context matters for SAcc, the precise understanding of what aspectos of the context matter and how they matter -beyond generalities- remains somewhat limited; and second, there are very few systematic attempts tohel practitioners tailor Sacc to contextural variation.

As such, the four main objectives of this paper are:

  1. To outline the main contextual factors that appear to be critical to SAcc;
  2. To examine how SAcc interventions interact with the context to bring about change in order to provide a preliminary context-sensitive Theory of Change (ToC)
  3. To explore the operational implications that arise from objetives 1 and 2; and
  4. To offer a flexible analytical framework to guide practitioners wanting to undertake context analysis prior to enganging in demand-side activities.

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