La Sociedad Civil para la Transparencia y la Rendición de Cuentas

Los problemas de transparencia y rendición de cuentas se mantienen en la vanguardia de los debates sobre asuntos de la gobernabilidad política. Los datos producidos por un conjunto de instituciones confiables, subrayan los niveles de corrupción política que hasta hoy prevalecen, mientras que destacan los numerosos desafíos que esta crea para el desarrollo socio-económico y la estabilidad política. Cuando se trata de la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y las prácticas de rendición de cuentas, un aparato de lucha contra la corrupción diversos instrumentos y alternativas se han puesto en marcha en los últimos años. Este informe explora el potencial de la participación de la sociedad civil para generar cambios positivos y duraderos sobre el tema, investigando el caso de las veedurías ciudadanas en Colombia, y el Observatorio Social de Maringá, en Brasil. En última instancia, reafirma el poder de los ejercicios de control social de miembros altamente movilizados de la sociedad civil para bajar los niveles de corrupción, y establecer medidas de prevención.

Entidades de Fiscalización Superior en Latinoamérica Diagnóstico sobre Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de las Entidades de Fiscalización Superior

En los últimos años se han venido produciendo diversos esfuerzos internacionales para impulsar dinámicas de mayor apertura de las EFS a la ciudadanía y mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas respecto de su actividad. Ello contribuye a reforzar sus capacidades institucionales y potencia el impacto de sus tareas de control. En tal sentido, tanto la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) a través de comisiones y comités específicos han impulsado valiosas iniciativas. Como hito reciente en el ámbito regional, debe destacarse la adopción en 2009 de la Declaración de Asunción relativa a “Principios sobre Rendición de Cuentas”, cuyo texto fue elaborado en el seno de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas de OLACEFS, y que pone de relieve la importancia de la participación activa de los ciudadanos como parte integrante del sistema de control. Ese año, la organización regional también aprobó la creación de la Comisión de Participación Ciudadana, que tiene por misión promover la implementación de mecanismos de participación en las EFS de la región. En la misma línea, el 21° Simposio NU/INTOSAI 2011 estará dedicado al tema “Prácticas efectivas de la cooperación entre las EFS y los ciudadanos para aumentar la rendición de cuentas pública”.

Indicadores para la medición del impacto de la participación ciudadana en las EFS de la OLACEFS

Presentación
El presente informe es producto del trabajo impulsado por la Comisión Técnica de Participación
Ciudadana de la OLACEFS, que ha propiciado la generación, discusión y validación de un
conjunto básico de indicadores que permita verificar y cuantificar el impacto -o efectos- de la
participación ciudadana en la fiscalización superior.
Como parte de la misión de la CTPC se encuentra el establecimiento de mecanismos e
instancias de cooperación y articulación necesarias para la conceptualización y desarrollo de
estrategias de participación ciudadana y control social. Ello responde al objetivo de compartir
marcos conceptuales, enfoques, metodologías, instrumentos y experiencias que conduzcan
al mejoramiento del control fiscal y de la administración pública de los países de la OLACEFS,
de forma que se propicie la generación de capital social en las sociedades de los países
miembros.
En este sentido, la propuesta base consolidada de indicadores que se esgrime en este
documento pretende ser un instrumento orientador para que las EFS puedan identificar y
medir las repercusiones de la implementación de prácticas de participación ciudadana en la
fiscalización. Se trata de una herramienta metodológica que puede, por un lado, contribuir
a que las EFS reafirmen su convicción en la senda de apertura a la sociedad civil a partir de
la evidencia empírica resultante de la puesta en funcionamiento de mecanismos de
participación ciudadana, y por otro lado, puede servir de modelo para que otras instituciones
públicas emprendan estrategias similares en pos de mejorar la gestión pública y promover la
vinculación con la sociedad civil como eje transversal a sus acciones misionales.

Case studies from the Governance and Transparency Fund programme

Introduction

Over the past five years, WaterAid, in collaboration with the Freshwater Action Network, has been strongly involved in a Governance and Transparency Fund programme, funded by the UK Government’s Department for International

Development. This programme aimed to improve civil society organisations’ capacity to hold duty bearers to account and demand equitable and sustainable water, sanitation and hygiene delivery for the poorest and most marginalised people.

The programme has been carried out in 16 countries across Africa, Asia and Central America, collaborating with more than 30 civil society organisations, including national CSO networks, community-based organisations and non-governmental organisations.

Since its inception, the programme has made significant achievements, empowering citizens to engage more effectively in decision-making processes at all levels:

  • Increasing the capacity of local partners to influence policies and practices at all levels.
  • Increasing community engagement in decision-making.
  • Informing and empowering citizens to demand change.

The programme has contributed to implementing the United Nations’ recognition of the human rights to water and sanitation at a global level, and at national and regional levels it has been involved in the vital work of the Sanitation and Water for All partnership.

This compendium of case studies has been developed to give in depth insight into some experiences as well as share lessons from implementing the programme, with the aim to benefit the wider sector.

The cases cover a broad range of issues including the use of media, public expenditure monitoring or addressing corruption. We hope these case studies will be of benefit to you. 

Brazil: Transparency for Some, Opacity for Most

The author is executive manager of Abraji, the Brazilian Association of Investigative Journalism, and runs its training for journalists on Brazilian freedom of information law. She is also executive secretary for the Forum for Access to Public Information, a coalition of 25 entities coordinated by Abraji that successfully lobbied for Brazil’s freedom of information law and monitors its enforcement. She previously worked at Transparency Brazil and Acessa Sao Paulo. This article was published on the website of the Global Investigative Journalism Network. Hard To Believe: Brazil’s annual Transparency Trophy goes to Sao Paulo’s giant water company, a firm notorious for not sharing information with the public.

Derecho al Agua XII Informe Sobre Derechos Humanos

Difícilmente encontraremos voces disidentes que contravengan que los derechos humanos son la máxima expresión de la justicia y que su defensa es un derecho y un deber de todas y todos, ya que indudablemente estas prerrogativas constituyen verdaderas expectativas para la protección dela dignidad, la autonomía y la inviolabilidad delas personas; por ello, su protección y respeto debe garantizarse como un deber esencial del Estado, a través de la creación de mecanismos suficientes para poder hacerlas exigibles y, ante su transgresión, hacerlas justiciables. De esta forma, no podemos negar que los derechos humanos y las libertades que estos garantizan no son producto de la buena voluntad, sino de históricas luchas libradas por instaurar un orden político, jurídico y social más justo, que garantice la igualdad, la libertad, la seguridad y la cobertura universal de las necesidades básicas para la realización de una vida digna.

Principios relativos a la Libertad de Expresión y a los Derechos al Agua y al Saneamiento

El agua es esencial para el bienestar del ser humano. Es imprescindible para el desarrollo sostenible, y constituye uno de los requisitos básicos para el funcionamiento de todos los ecosistemas del mundo. Su importancia es vital no sólo para la protección de los derechos humanos –como los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad, a un medio ambiente saludable, a la alimentación y al trabajo–, sino también para garantizar la justicia social y proteger la identidad cultural y la diversidad, la igualdad y la paz. Aunque en virtud del derecho internacional que los consagra, los derechos al agua y al saneamiento son legalmente vinculantes, aún queda bastante trabajo por hacer para asegurar su realización en la práctica a escala internacional, regional y nacional. Asimismo, es preciso aunar esfuerzos para que exista un equilibrio adecuado entre el agua dedicada a uso personal y doméstico y la dedicada a la agricultura, a la generación de energía y a la industria. De igual forma, a la hora de disponer de recursos hídricos, deben tenerse en cuenta la sostenibilidad y la protección del entorno, a fin de que las generaciones presentes y futuras puedan beneficiarse de ellos.

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de México en los Informes de la Auditoría Superior de la Federación 2012-2013.

Los autores analizaron dos informes de inversiones físicas efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales en el Estado de México, para identificar cómo se ejercieron los recursos fiscales asignados a este programa en el 2012 y 2013. Asimismo visitaron las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicadas en la Subcuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía en el Estado de México, para constatar si la información publicada en fuentes oficiales correspondía a las instalaciones que existen en esta región.

De las 6 PTAR investigadas y reportadas en operación en el Inventario de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CONAGUA, una no existe, tres no funcionan y las restantes han disminuido su funcionamiento entre el 50 y el 90%, lo que refleja que los informes oficiales no corresponden con la realidad y que las autoridades responsables de la verificación constante de las plantas no lo han consignado, por lo que el inventario no se considera confiable.

Respecto a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, en ellos se reporta incumplimiento de las reglas de operación, recursos no ejercidos o entregados de manera extemporánea, falta de disponibilidad oportuna de los estudios necesarios para diseñar y construir adecuadamente las PTAR, y registro de contratos y obras más de una vez. Asimismo, los autores encontraron que en las visitas a campo que realiza el personal de la Auditoría Superior de la Federación, no se verifica que las instalaciones auditadas se encuentren en operación o hayan sido entregadas a los responsables de operarlas. Hay obras que se reportan en los informes de auditoría con avances de 6% que nunca se terminaron de construir.

Asimismo, se encontró que algunas promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que presenta la Auditoría Superior de la Federación ante el órgano interno de control de la CONAGUA o de la CAEM, en muchos casos se archivan “por falta de elementos”. Esto podría significar que no están bien documentadas, o que el órgano de control puede archivar estos procedimientos sin que haya consecuencias legales o administrativas.

Esta investigación piloto busca revelar que el sistema actual de información sobre las PTAR, incluyendo los registros propios de la CONAGUA y las auditorias de la ASF, no ofrecen información suficientemente confiable para constar cuales obras realmente funcionan y dónde están los problemas que ocasionan que el tratamiento de las aguas residuales no se realice adecuadamente. Con base en los hallazgos obtenidos, los autores proponen realizar ejercicios de contraloría social, a mayor escala y profundidad, para identificar si las omisiones e irregularidades detectadas sólo ocurrieron en el Estado de México, o es un problema relacionado con la operación de la política pública a nivel nacional. Asimismo proponen revisar con detalle las cédulas de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación para identificar el impacto de las acciones que promueve ante las instancias de control interno con el fin de repensar su calidad, pertinencia y utilidad. La propuesta de los autores es que se impulse un amplio ejercicio de contraloría social con el apoyo de un conjunto de organizaciones e instancias académicas que ya se encuentran trabajando en el tema del agua en diversos estados del país, a fin de mejorar la operación del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, y mejorar el efecto correctivo y sancionatorio de las acciones que realiza la entidad de fiscalización superior a nivel nacional, con el propósito de lograr que los esfuerzos gubernamentales realmente logren tratar las aguas residuales, y de este modo evitar la contaminación de los recursos hídricos y favorecer el ciclo del agua
 

El derecho humano al agua en México. Actores, proyectos gubernamentales y propuestas de ley.

El documento que aquí se presenta es una sistematización de la información recabada por Controla Tu Gobierno, A. C. para dar seguimiento al proceso de construcción de la iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales, elaborada por un conjunto muy amplio de organizaciones civiles1. Este proceso es particularmente interesante porque se construyó en un periodo aproximado de 5 años, con la participación de actores sociales diversos, entre los que figuran miembros de la academia, organizaciones de base, organizaciones civiles intermedias, abogados, campesinos y estudiantes. En esa variedad de colaboradores fue fundamental el liderazgo de Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán, dirigentes del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa-Centli. Asimismo otros académicos y miembros de organizaciones civiles fueron el motor para lograr extender en todo el territorio nacional el interés por impulsar una iniciativa ciudadana de Ley General de Agua, que implicara un nuevo modelo de gestión que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento para las generaciones actuales y futuras.
El texto está dividido en cuatro apartados. En el primero se describe de manera general la política pública en materia de agua que ha prevalecido en los últimos 15 años. En el segundo se explica el proceso organizativo de los diversos actores que han ido articulando la lucha en defensa del agua y el reconocimiento jurídico de este bien común como un derecho humano. El tercer apartado recupera los aspectos más relevantes de la construcción de la iniciativa ciudadana de ley general de agua, así como los aspectos más desfavorables de la iniciativa del Ejecutivo federal conocida como “Iniciativa Korenfeld”. En el último apartado se describen algunos ejemplos de movimientos reactivos y propositivos surgidos en la última década para defender el agua.

Páginas