Transparencia que no se ve

Número 69
   
 
 

Transparencia que no se ve

 

 

     

 

Peter Winkel

 Programa Democracia Participativa  

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC

 

 

La reforma constitucional para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) y otorgarle más facultades está atorada en la Cámara de Diputados.     

 

Lamentablemente no se abordará en el periodo extraordinario de sesiones, porque no hay consenso sobre los cambios que propone sobre todo el Partido de la Revolución Institucional (PRI) a la Minuta enviada en diciembre del año pasado. Los ciudadanos esperábamos que la Cámara de Diputados aprobara la Minuta antes del 30 de abril, tal como se había acordado en el Pacto por México. ¿Qué no es un tema prioritario para el Presidente de la República?

 

Recordemos. La Minuta fue aprobada por unanimidad en el Senado después de un largo proceso de mucho debate y amplia participación ciudadana. Después de recibir la Minuta, la Cámara de Diputados tardó casi cuatro meses para convocar a una reunión, ocurrida el pasado 11 de abril. En esa reunión las comisiones unidas (Comisiones de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anti-corrupción y de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias) se declararon en sesión permanente. El 29 de abril, un día antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, se reunieron de nuevo y se presentó un nuevo dictamen, donde el grupo parlamentario PRI literalmente "quiere meter reversa" a algunos principios fundamentales. En síntesis:

   

1.- Proteger a los partidos políticos y sindicatos sin ser considerados como sujetos obligados directos. 

  

El argumento es que los partidos políticos ya son fiscalizados suficientemente por el Instituto Federal Electoral (IFE). Pero todos sabemos que solicitar información a los partidos políticos a través del IFE es un proceso complicado y tardado, restando eficacia. ¿Por qué el PRI no quiere aceptar la obligación de transparentar su quehacer? A fin de cuentas en 17 entidades federativas los partidos políticos ya son sujetos obligados directos. Como los grupos parlamentarios no tienen personalidad jurídica, sino que forman parte de los partidos políticos, es de suponer que también los grupos parlamentarios también estarían obligados a hacerlo.  

 

Específicamente, en el dictamen del Senado propone incluirlos como sujetos obligados directos. Mejor aún sería que tanto el Senado como la Cámara de Diputados incluyan en sus respectivos Reglamentos, la obligación de los grupos parlamentarios de transparentar todos los recursos recibidos y justificar en qué gastan los millones de pesos que reciben cada año.

   

 

 

2. Debilitar al IFAI quitando la inatacabilidad de sus resoluciones.    

 

Hace algunos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que las resoluciones del IFAI son definitivas bajo la legislación actual. Sería incomprensible y totalmente contradictorio otorgar la autonomía constitucional a un órgano garante, y al mismo tiempo, restar peso a esta garantía al permitir que los servidores públicos puedan apelar las decisiones del IFAI en los tribunales. Sería una burla.

   

3. Eliminar la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de leyes (federales o estatales).

 

Lo anterior vulnera nuestro derecho fundamental. Si no existe esta posibilidad, entonces no habrá quien garantice el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos en nuestro país.  

 

4. Mayor injerencia en el nombramiento de los Comisionados del IFAI.  

 

Específicamente, el PRI propone que los Comisionados sean nombrados por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Diputados, y que los actuales Comisionados sean removidos. Esto sería peligroso y daría paso a escenarios vergonzosos de "pelea partidista por el botín" como ocurrió en el IFE. Además, esta propuesta resta confianza y credibilidad a una institución "ciudadana" que debería garantizar la imparcialidad en los procesos y proteger el acceso a la información pública. En el dictamen del Senado, su propuesta considera que los Comisionados sean nombrados por el Senado y ratificados por el Presidente de la República.  

 

   

Imagen: Alejandro Santos

 

  

En comparación, y a excepción del Partido de Acción Nacional (PAN), que defiende el dictamen del Senado y rechaza rotundamente las modificaciones propuestas por el PRI, no queda muy claro cuál es la posición de los otros partidos políticos, sobre todo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque su coordinador, Miguel Barbosa Huerta afirmó el pasado 14 de julio que "fortalecer al IFAI significa establecer un piso mínimo de transparencia que mejoraría a las instituciones  públicas y favorecería la rendición de cuentas".  

 

Barbosa está tratando de salvar la situación y exhortó a los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados a buscar un acuerdo en agosto durante el segundo periodo extraordinario. Si eso no fructifica, se tendrá que discutir en el mes de septiembre, cuando inicia el segundo periodo ordinario de sesiones.

 

Si se compara el proceso legislativo que se desarrolló en el Senado con el de la Cámara de Diputados, este último se puede definir como opaco, poco transparente y con poca, o más bien nula, participación ciudadana. Las opiniones de algunos diputados se ventilan en los medios de comunicación pero, a diferencia de las Comisiones en el Senado, no existe un referente de información oficial donde sea posible comparar las posturas de los partidos políticos, y enterarse, como es derecho ciudadano, sobre el desarrollo de las discusiones y los acuerdos. Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción carecen de un portal web. Es en el micrositio de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias donde se pueden descargar las reservas y observaciones.   

  

En conclusión, debemos evitar una brutal regresión y debilitamiento al IFAI. Debemos conseguir su fortalecimiento y sumarnos a las acciones ciudadanas como es el caso de la Red por la Rendición de Cuentas y el Colectivo por la Transparencia.  

 

Toda persona, física o moral, que recibe recursos públicos debe rendir cuentas, incluyendo a los partidos políticos, los grupos parlamentarios, sindicatos, fideicomisos y un largo etcétera. El escenario político actual es de total opacidad. Los ciudadanos tenemos el derecho a saber detalladamente qué hacen con nuestros recursos.

 

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4.   Proponer soluciones a los asuntos públicos desde una visión ciudadana.

 

 

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