Experiencias

Archivo de experiencias sobre control social de la gestión pública

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de México en los Informes de la Auditoría Superior de la Federación 2012-2013.

Los autores analizaron dos informes de inversiones físicas efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales en el Estado de México, para identificar cómo se ejercieron los recursos fiscales asignados a este programa en el 2012 y 2013. Asimismo visitaron las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicadas en la Subcuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía en el Estado de México, para constatar si la información publicada en fuentes oficiales correspondía a las instalaciones que existen en esta región.

De las 6 PTAR investigadas y reportadas en operación en el Inventario de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CONAGUA, una no existe, tres no funcionan y las restantes han disminuido su funcionamiento entre el 50 y el 90%, lo que refleja que los informes oficiales no corresponden con la realidad y que las autoridades responsables de la verificación constante de las plantas no lo han consignado, por lo que el inventario no se considera confiable.

Respecto a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, en ellos se reporta incumplimiento de las reglas de operación, recursos no ejercidos o entregados de manera extemporánea, falta de disponibilidad oportuna de los estudios necesarios para diseñar y construir adecuadamente las PTAR, y registro de contratos y obras más de una vez. Asimismo, los autores encontraron que en las visitas a campo que realiza el personal de la Auditoría Superior de la Federación, no se verifica que las instalaciones auditadas se encuentren en operación o hayan sido entregadas a los responsables de operarlas. Hay obras que se reportan en los informes de auditoría con avances de 6% que nunca se terminaron de construir.

Asimismo, se encontró que algunas promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que presenta la Auditoría Superior de la Federación ante el órgano interno de control de la CONAGUA o de la CAEM, en muchos casos se archivan “por falta de elementos”. Esto podría significar que no están bien documentadas, o que el órgano de control puede archivar estos procedimientos sin que haya consecuencias legales o administrativas.

Esta investigación piloto busca revelar que el sistema actual de información sobre las PTAR, incluyendo los registros propios de la CONAGUA y las auditorias de la ASF, no ofrecen información suficientemente confiable para constar cuales obras realmente funcionan y dónde están los problemas que ocasionan que el tratamiento de las aguas residuales no se realice adecuadamente. Con base en los hallazgos obtenidos, los autores proponen realizar ejercicios de contraloría social, a mayor escala y profundidad, para identificar si las omisiones e irregularidades detectadas sólo ocurrieron en el Estado de México, o es un problema relacionado con la operación de la política pública a nivel nacional. Asimismo proponen revisar con detalle las cédulas de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación para identificar el impacto de las acciones que promueve ante las instancias de control interno con el fin de repensar su calidad, pertinencia y utilidad. La propuesta de los autores es que se impulse un amplio ejercicio de contraloría social con el apoyo de un conjunto de organizaciones e instancias académicas que ya se encuentran trabajando en el tema del agua en diversos estados del país, a fin de mejorar la operación del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, y mejorar el efecto correctivo y sancionatorio de las acciones que realiza la entidad de fiscalización superior a nivel nacional, con el propósito de lograr que los esfuerzos gubernamentales realmente logren tratar las aguas residuales, y de este modo evitar la contaminación de los recursos hídricos y favorecer el ciclo del agua
 

El derecho humano al agua en México. Actores, proyectos gubernamentales y propuestas de ley.

El documento que aquí se presenta es una sistematización de la información recabada por Controla Tu Gobierno, A. C. para dar seguimiento al proceso de construcción de la iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales, elaborada por un conjunto muy amplio de organizaciones civiles1. Este proceso es particularmente interesante porque se construyó en un periodo aproximado de 5 años, con la participación de actores sociales diversos, entre los que figuran miembros de la academia, organizaciones de base, organizaciones civiles intermedias, abogados, campesinos y estudiantes. En esa variedad de colaboradores fue fundamental el liderazgo de Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán, dirigentes del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa-Centli. Asimismo otros académicos y miembros de organizaciones civiles fueron el motor para lograr extender en todo el territorio nacional el interés por impulsar una iniciativa ciudadana de Ley General de Agua, que implicara un nuevo modelo de gestión que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento para las generaciones actuales y futuras.
El texto está dividido en cuatro apartados. En el primero se describe de manera general la política pública en materia de agua que ha prevalecido en los últimos 15 años. En el segundo se explica el proceso organizativo de los diversos actores que han ido articulando la lucha en defensa del agua y el reconocimiento jurídico de este bien común como un derecho humano. El tercer apartado recupera los aspectos más relevantes de la construcción de la iniciativa ciudadana de ley general de agua, así como los aspectos más desfavorables de la iniciativa del Ejecutivo federal conocida como “Iniciativa Korenfeld”. En el último apartado se describen algunos ejemplos de movimientos reactivos y propositivos surgidos en la última década para defender el agua.

Proceso de interacción entre sociedad civil y gobierno para transparentar la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento en el Distrito Federal

El propósito de este estudio fue mostrar las características, evolución y resultados de un proceso en el que fuera evidente el interés ciudadano por incidir en la acción pública y desarrollar acciones de contraloría social. Se buscó además, que en tal proceso se presentara una articulación clara entre ciudadanía, académicos y autoridades gubernamentales.
El proceso que se cumplió con estas características ocurrió en México, Distrito Federal durante el período comprendido entre 2003 y 2012, y consistió en transparentar la gestión pública de los servicios del agua y saneamiento en la Ciudad de México, que habían sido concesionado a empresas privadas. La forma en que intervinieron cada uno de los actores involucrados, así como el resultado de sus respectivas acciones, es la materia central de las siguientes páginas.
El documento está estructurado en cuatro secciones. En la primera se describe cómo se fue construyendo la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en torno al Programa de Derechos Humanos, también del DF. Asimismo se reseñan las principales actividades realizadas en materia de agua, durante la instalación y desarrollo de las Mesas de Diálogo por a Transparencia, convocadas por el órgano garante de la transparencia. En el segundo apartado se describen brevemente los esfuerzos de las organizaciones ciudadanas por transparentar la información pública relativa al concesionamiento de los servicios de agua y saneamiento.
En la tercera parte se hace un recuento de la incorporación del derecho humano al agua en la Ley de Aguas del Distrito Federal y las posteriores iniciativas de ley presentadas ante la Asamblea Legislativa del DF. Finalmente, el cuarto apartado muestra el resultado del proceso de interacción entre la sociedad civil, los órganos autónomos y el gobierno del DF, destacando los logros, pero sobre todo los retos y recomendaciones necesarias para institucionalizar los resultados del control social2 de las acciones gubernamentales en materia del derecho humano al agua.

 

El testigo social. Experiencia de incidencia pública de la sociedad civil en la gestión pública. (México)

La presente investigación se enmarca en la oportunidad ofrecida por el Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en su Convocatoria de la Vertiente de Investigación 2011. El rubro temático sobre "la sistematización de experiencias de incidencia de Organizaciones de la Sociedad Civil y redes sociales en las políticas públicas y/o identificación de metodologías y mejores prácticas para la incidencia" se refería precisamente a esta inquietud de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas de explorar la experiencia de incidencia de la sociedad civil respecto de la figura del Testigo Social.

Observatorios Ciudadanos a Consejos Municipales (Colombia)

Transparencia por Colombia tomó la decisión en el año 2002 de apoyar técnica, política y financieramente ejercicios de control ciudadano a los concejos municipales y distritales, como parte de una estrategia institucional de fortalecimiento del control ciudadano, inicialmente con el financiamiento de la Familia Echavarria a través de la Fundación Corona, y la cofinanciación posterior de la Embajada de Canadá y del National Endowment for Democracy (NED).

Los ejercicios de control ciudadano realizados en Cartagena (desde 2002), Barranquilla (2004), Cali (2003), Popayán (2004) y Manizales (2007), se estructuran alrededor de dos componentes fundamentales: uno de evaluación, centrado en un conjunto de indicadores que miden y analizan el desempeño del Concejo, y otro de comunicación, dirigido a la ciudadanía para que la información recolectada se haga pública. Los resultados arrojados por estas iniciativas de evaluación y comunicación han mostrado contribuir a mejorar la transparencia de los concejos, estimular buenas prácticas entre los concejales, hacer visibles los desempeños individuales y la gestión del concejo, y fortalecer política y técnicamente a las organizaciones sociales que han llevado a cabo los ejercicios. 

La contraloría social en Venezuela

La participación ciudadana es definida como el derecho de los ciudadanos de intervenir en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, a fin de que se verifiquen los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, seriedad, cumplimiento y calidad, de manera que se prevenga la comisión de actos de corrupción, permitiendo -desde la sociedad civil- generar un proceso de control a la gestión de lo público, es decir, a lo que nos pertenece, lo que es de todos y lo que nos involucra a todos.

Veedores ciudadanos para la integridad. Una iniciativa para la transparencia y la participación ciudadana (Paraguay)

La iniciativa, denominada Veedores Ciudadanos para la Integridad, propuso el ejercicio de la veeduría ciudadana como un mecanismo de participación destinado a ejercer, desde la ciudadanía, el control del uso de los bienes públicos. El proyecto también tuvo como objetivo fortalecer el relacionamiento entre los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil con el organismo contralor oficial, la Contraloría General de la República del Paraguay (CGR) Como apoyo al proceso iniciado y para difundir con mayor amplitud los fundamentos y la importancia de la veeduría ciudadana, CEAMSO elaboró el manual “Veedores Ciudadanos para la Integridad”, que  explica de manera sencilla y didáctica los pasos generales necesarios para la instalación de la veeduría ciudadana.

 

 

Auditorías Articuladas en la Contraloría General de la República (Colombia)

Las Auditorías Articuladas son “una estrategia del control fiscal participativo, mediante la cual organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conocen de la entidad auditada, su área misional, el impacto económico, social y/o ambiental de los planes, programas y proyectos que desarrollan o el sector al que pertenece, apoyan el proceso auditor que realiza la Contraloría General de la Republica –CGR-“, De esta manera se articulan las acciones de control social emprendidas por OSC con los procesos de auditoría fiscal ejecutadas por el órgano de control fiscal, a entidades del orden nacional y territoria.

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